La presunta represión policial durante una protesta por la crisis del agua en Guadalajara llegó a la Fiscalía General de la República (FGR). Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó una denuncia contra el gobernador Pablo Lemus por posibles detenciones arbitrarias y actos de tortura contra manifestantes.
La acción legal busca que las autoridades federales investiguen las agresiones ocurridas durante la movilización del 11 de octubre. Ese día, cientos de personas salieron a las calles para reclamar el suministro de agua contaminada y las deficiencias del servicio en la zona metropolitana.
Denuncia contra Pablo Lemus incluye crisis del agua
Gutiérrez Yánez solicitó que la FGR atraiga las investigaciones sobre la actuación policial y revise posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados al abastecimiento de agua.
El representante de la CIDHPDA sostuvo que los problemas de suministro persisten desde 2019 y responsabilizó a las autoridades por la falta de soluciones.
También afirmó que estudios ciudadanos e institucionales han detectado agua de color café o negro en más de 320 colonias, así como ausencia de cloro residual y presencia de contaminantes, entre ellos coliformes, materia fecal y metales pesados.
Estos señalamientos forman parte de las denuncias públicas del organismo y requieren la correspondiente investigación de las autoridades competentes.
Investigan a 17 policías por agresiones a manifestantes
La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 agentes por presunto uso indebido de la fuerza durante la protesta.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, informó que Asuntos Internos reunió más de 200 videos para revisar el operativo. Los agentes señalados ya fueron citados a declarar y enfrentan posibles sanciones que incluyen amonestaciones o separación del cargo.
Durante la manifestación, policías utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua y lanzaron objetos contra los participantes, según los reportes de los hechos.
Hernández reconoció errores en la aplicación de los protocolos y admitió que algunos elementos reaccionaron de manera desproporcionada.
“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, declaró.
Las investigaciones también podrían alcanzar a mandos policiales. La dependencia solicitó a la ciudadanía aportar grabaciones y anunció su colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Mientras avanza la revisión de los hechos, la denuncia contra Pablo Lemus plantea que la FGR intervenga tanto en las presuntas agresiones como en las posibles irregularidades relacionadas con el servicio de agua.
