Investigación anticorrupción alcanza al Poder Judicial de Chihuahua
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua detuvo a Manuel Jurado Torres por presunta prevaricación agravada. La investigación señala que habría favorecido al cliente de un abogado con quien mantiene una relación de amistad.
Jurado Torres, juzgador penal de primera instancia, quedó vinculado a proceso. Sin embargo, obtuvo inmediatamente una suspensión condicional por 12 meses y deberá renunciar al cargo que consiguió mediante la elección judicial de junio de 2025.
La Fiscalía sostiene que Jurado modificó una medida cautelar de prisión preventiva por resguardo domiciliario. La decisión benefició a Julio César M. V., procesado por violación y violencia familiar.
Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado ejercía en el distrito judicial Hidalgo, en Hidalgo del Parral. La defensa solicitó revisar la medida durante las vacaciones del Poder Judicial, pese a que el asunto no tenía carácter urgente.
El Ministerio Público presume que Jurado conoció la audiencia y otorgó una ventaja procesal indebida. También lo acusa de exceder los límites de la diligencia al cuestionar los argumentos de la juzgadora que previamente ordenó la prisión preventiva.
El fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín aseguró que el procedimiento no busca cuestionar la independencia judicial ni perseguir resoluciones simplemente por resultar contrarias a determinado criterio.
Explicó que la institución investiga posibles desviaciones de responsabilidades públicas destinadas a favorecer intereses particulares. La prevaricación ocurre cuando un servidor público dicta deliberadamente una resolución injusta o contraria a la ley.
La Fiscalía también recordó que modificar una medida cautelar exige cambios objetivos en las circunstancias que justificaron su imposición, conforme al artículo 161 del Código de Procedimientos Penales.
La suspensión condicional permitirá detener temporalmente el procedimiento si Jurado cumple las condiciones establecidas durante los próximos 12 meses, incluida su renuncia al Poder Judicial.
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