Drones explosivos en Chihuahua: lanzan siete artefactos
La violencia volvió a encender las alarmas en la Sierra Tarahumara. Al menos siete artefactos explosivos fueron lanzados desde drones durante un operativo de seguridad en la comunidad de Nabogame, municipio de Guadalupe y Calvo, donde corporaciones estatales y federales mantienen un despliegue ante la presencia de grupos armados.
Los hechos ocurrieron el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando elementos de las Bases de Operación Interinstitucionales (BOI) realizaban labores de vigilancia en la región.
Aunque los primeros reportes describieron lo ocurrido como un ataque contra las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aclaró posteriormente que las explosiones se registraron en una zona despoblada, lejos de los agentes, por lo que no se ha confirmado que estos fueran el objetivo directo.
Las autoridades confirmaron que no hubo elementos lesionados.
De acuerdo con los reportes sobre el operativo, los agentes se encontraban en las inmediaciones de Nabogame cuando se registró el lanzamiento de explosivos mediante aeronaves no tripuladas.
Información difundida el 12 de noviembre señala que los elementos habían acudido a una ranchería ubicada aproximadamente a cinco kilómetros de la comunidad para brindar apoyo a habitantes afectados por la violencia.
Durante el despliegue se registraron detonaciones de armas largas provenientes de zonas elevadas, además del lanzamiento de artefactos explosivos.
Los reportes indican que primero fueron arrojados cinco explosivos y posteriormente otros dos, mientras las unidades de seguridad se retiraban del lugar.
Ante el riesgo, los agentes se replegaron hacia Nabogame y solicitaron refuerzos.
La situación de seguridad en Guadalupe y Calvo no se limita al uso de drones explosivos.
Durante los últimos días, distintas comunidades serranas han reportado enfrentamientos armados, amenazas y desplazamientos de habitantes que temen quedar atrapados entre grupos delincuenciales.
En Nabogame, un grupo de 14 personas recibió acompañamiento de autoridades estatales y federales para trasladarse hacia la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
También se han documentado situaciones de desplazamiento en comunidades como Huerta de los Carrillo y Los Otates, donde familias abandonaron sus viviendas ante los episodios de violencia.
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Como parte de los operativos desplegados en la región, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron aseguramientos de armamento y equipo presuntamente relacionado con actividades delictivas.
Entre lo decomisado se encuentran:
28 armas largas.
21 armas cortas.
209 cargadores.
3 mil 915 cartuchos útiles.
Un vehículo con blindaje artesanal.
Las corporaciones también localizaron e inhabilitaron un campamento y aseguraron equipo táctico.
En las acciones participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales.
El uso de drones para transportar explosivos representa un desafío creciente para las corporaciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Especialistas en seguridad advierten que estas tecnologías permiten realizar agresiones a distancia y complican la identificación inmediata de los responsables, especialmente en regiones montañosas.
José Carlos Hernández, presidente emérito de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, ha señalado que las organizaciones delictivas han incorporado herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas.
Esta evolución plantea la necesidad de fortalecer la capacitación policial, los protocolos de respuesta y los sistemas de detección de drones.
Las autoridades mantienen acciones de vigilancia y reconocimiento territorial para identificar a los responsables de los hechos y atender a la población afectada.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que una de las hipótesis es que los explosivos estuvieran dirigidos contra integrantes de un grupo criminal rival o que buscaran impedir el avance de las corporaciones.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad de quienes operaron los drones.
La situación refleja las dificultades que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara, donde la violencia armada y el desplazamiento de habitantes continúan representando graves problemas de seguridad.
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