La investigación por posibles irregularidades en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente para Guadalupe Taddei. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó una revisión de oficio, mientras crecen los cuestionamientos sobre su permanencia al frente del organismo encargado de organizar las elecciones de 2027.

El caso involucra sospechas de conflictos de interés, posibles acuerdos entre proveedores y triangulación de recursos. La controversia también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió esclarecer las contrataciones, pero evitó pronunciarse a favor de la salida de la consejera.

Contratos del INE quedan bajo investigación

La intervención de la ASF ocurre después de que investigaciones periodísticas señalaran posibles irregularidades relacionadas con siete empresas proveedoras de material electoral, también bajo escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Entre los señalamientos aparecen presuntas relaciones entre empresarios y personas vinculadas con la presidencia del instituto. Sin embargo, las sospechas todavía deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Ante los cuestionamientos, Taddei sostuvo que las contrataciones se realizaron conforme a la ley y anunció medidas para transparentar los procedimientos.

Analizan posibles salidas para Guadalupe Taddei

La presión aumentó después de que Sheinbaum exigiera auditorías para descartar actos de corrupción dentro del INE. La mandataria no solicitó una renuncia, aunque tampoco ofreció un respaldo explícito a la consejera presidenta.

En medio de la polémica, Taddei acudió a una reunión breve en la Secretaría de Gobernación. No se informó sobre los asuntos tratados durante el encuentro.

Por su parte, María Marván, expresidenta del antiguo Instituto Federal Electoral, consideró que una salida voluntaria permitiría reducir el desgaste institucional. El exconsejero Marco Antonio Baños planteó la posibilidad de solicitar una licencia temporal.

También surgió el juicio político como una eventual vía, aunque requiere un procedimiento formal y no puede sustentarse únicamente en señalamientos públicos.

Cualquier separación del cargo implicaría resolver la conducción del INE y los mecanismos para designar a quien asumiría sus funciones.

Por ahora, la investigación sigue abierta y no existe una resolución que determine responsabilidades. El resultado de las auditorías será fundamental para aclarar las contrataciones y el futuro de la presidencia del organismo electoral.

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