Red del INE salpica a Chihuahua
Lo que comenzó como una serie de señalamientos contra Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se ha convertido en una investigación federal que podría revelar nuevas conexiones entre empresarios, funcionarios y excolaboradores del organismo encargado de organizar las elecciones en México.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el inicio de una investigación de oficio tras identificar indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos.
El alcance de las indagatorias no se limita a las oficinas centrales del INE. También contempla a organismos públicos locales electorales, empresas contratistas y servidores públicos que pudieran estar relacionados con las operaciones investigadas.
Las investigaciones periodísticas han colocado bajo escrutinio a los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con un grupo de compañías proveedoras de materiales electorales.
Entre las empresas señaladas figuran Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast y Grupo Selati.
También aparecen los nombres de Jonathan Navarrete Torres, excolaborador del INE vinculado con Corporativo Zeg, y Jesús Octavio García González, quien ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto entre septiembre de 2025 y abril de 2026.
Los reportes señalan posibles vínculos entre estos exfuncionarios y compañías beneficiadas con contratos públicos. Sin embargo, su aparición en las investigaciones no constituye una determinación de responsabilidad penal o administrativa.
Uno de los aspectos más relevantes para Chihuahua es que la empresa Cajas Graf, relacionada con la red empresarial investigada, también obtuvo contratos con el Instituto Estatal Electoral (IEE) durante 2021.
La presidenta del organismo electoral chihuahuense, Yanko Durán Prieto, reconoció públicamente la existencia de esas contrataciones, aunque precisó que ocurrieron antes de que asumiera el cargo.
En aquel periodo, la presidencia del IEE estaba a cargo de Claudia Arlett Espino, quien posteriormente llegó a ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE.
Esta coincidencia administrativa adquiere relevancia ante la revisión federal de los contratos y las relaciones entre empresas proveedoras y funcionarios electorales.
Durán señaló que, de existir pruebas de actos de corrupción, corresponde a las autoridades abrir los procedimientos necesarios para determinar responsabilidades.
Las investigaciones difundidas por medios nacionales apuntan a una estructura empresarial integrada por siete compañías que habrían participado en procedimientos de contratación de materiales electorales.
Las autoridades revisan posibles mecanismos de simulación de competencia, operaciones financieras entre sociedades relacionadas y presuntas irregularidades fiscales.
La relevancia del caso radica en que las empresas señaladas no habrían operado exclusivamente con el INE, sino también con institutos electorales de distintas entidades federativas, entre ellas Chihuahua y Sonora.
La investigación podría extenderse a más contratos y personas conforme avancen las revisiones documentales. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cuántos funcionarios o empresarios podrían enfrentar procedimientos sancionadores.
Ante la controversia, Guadalupe Taddei ha negado que desde su presidencia se favorezca a proveedores específicos.
La funcionaria ha defendido la legalidad de las contrataciones y sostiene que las empresas mencionadas en las investigaciones ya habían trabajado con el sistema electoral antes de su llegada a la presidencia nacional del INE en 2023.
También ha respaldado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer los señalamientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, solicitó que se transparenten las operaciones y se realicen las auditorías necesarias para descartar irregularidades.
La principal incógnita es hasta dónde llegará la investigación.
La revisión de contratos, relaciones corporativas, procedimientos de licitación y movimientos financieros podría permitir identificar a otras personas que participaron en las operaciones examinadas.
Para Chihuahua, la atención estará puesta en los expedientes de contratación de 2021 y en cualquier información que permita determinar si existieron irregularidades en la adquisición de materiales electorales.
El hecho de que una empresa investigada haya obtenido contratos con el IEE no demuestra, por sí mismo, que el organismo estatal haya cometido alguna ilegalidad.
Sin embargo, la conexión confirma que el caso tiene una dimensión que rebasa al INE nacional.
La investigación apenas comienza y varios nombres ya están sobre la mesa. Lo que falta por conocer es si las autoridades encontrarán pruebas suficientes para establecer responsabilidades y si aparecerán nuevos funcionarios, empresarios o instituciones vinculados con las operaciones bajo revisión.
Lee también: Chihuahua y Juárez viven dos realidades: mientras baja el miedo en la capital, crece en la frontera
La percepción de inseguridad presenta dos escenarios distintos en Chihuahua. Mientras la capital estatal registró…
Una conversación privada entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta Claudia Sheinbaum…
La investigación sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en…
Familiares de un militar estadounidense asesinado en Ciudad Juárez presentaron una denuncia ante la Fiscalía…
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por una acusación…
Panistas protestan en el IMSS, ignorando su rol en reformas de jubilaciones.