El manejo del agua volvió al centro del debate nacional tras el rechazo de organizaciones sociales, productores y ciudadanos al acuerdo hídrico firmado entre el Gobierno de Chihuahua y la empresa estatal israelí Mekorot. Las movilizaciones realizadas en distintas ciudades de México reflejan la preocupación por el futuro del acceso al agua y el modelo de administración del recurso.
Los inconformes sostienen que el convenio podría abrir la puerta a decisiones que privilegien criterios técnicos y económicos sobre el derecho humano al agua. Por ello, diversas organizaciones convocaron protestas para exigir mayor transparencia sobre los alcances del acuerdo y solicitar que las autoridades hagan públicos los términos completos del proyecto.
Acuerdo hídrico genera cuestionamientos
El convenio contempla la colaboración técnica para desarrollar estrategias relacionadas con la gestión del agua en Chihuahua. Sin embargo, colectivos ciudadanos y especialistas expresaron preocupación por la participación de Mekorot, empresa que ha enfrentado críticas internacionales por su papel en la administración de recursos hídricos en territorios palestinos.
Además, los manifestantes señalaron que cualquier estrategia para enfrentar la escasez de agua debe construirse con la participación de comunidades, productores, académicos y organizaciones civiles. También solicitaron que las decisiones relacionadas con el recurso hídrico prioricen el interés público.
Lee también: Violencia agrava el desplazamiento en Guadalupe y Calvo
El agua se mantiene como un tema estratégico
La disponibilidad de agua representa uno de los principales desafíos para México. Estados del norte del país enfrentan desde hace varios años condiciones de sequía que afectan tanto a la población como a los sectores agrícola e industrial, situación que ha impulsado la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la gestión del recurso.
Chihuahua figura entre las entidades con mayor estrés hídrico del país, por lo que especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la infraestructura, reducir pérdidas en las redes de distribución y mejorar la eficiencia del uso del agua. Al mismo tiempo, las movilizaciones evidencian que la participación ciudadana continuará siendo un elemento central en cualquier política pública relacionada con este recurso.