La crisis de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo volvió a tensar la relación entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación. La administración estatal solicitó una mayor intervención del Gobierno federal para contener la violencia en la sierra Tarahumara y atender a las familias que abandonaron sus comunidades por la presencia del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, sostuvo que la disputa entre grupos criminales obligó principalmente a familias indígenas a dejar sus hogares. También advirtió que la violencia mantiene bajo control amplias zonas de la región y agrava la emergencia humanitaria.
Desplazamiento obliga a familias a abandonar la sierra
Rascón Carrillo pidió que el Gobierno federal incorpore de forma permanente el desplazamiento forzado interno en las mesas de construcción de paz y concentre esfuerzos para desarticular las estructuras criminales que operan en los municipios serranos. Afirmó que únicamente una estrategia sostenida permitirá que las familias regresen con seguridad a sus comunidades.
Además, solicitó que las autoridades federales fortalezcan los servicios de salud, electricidad, abasto e inspección forestal en las localidades afectadas para enfrentar problemas como la tala ilegal. También propuso que la Secretaría de Bienestar atienda directamente a la población desplazada con programas de alimentación, vivienda, educación y atención médica.
Chihuahua insiste en una mayor participación federal
El funcionario afirmó que el Gobierno estatal mantiene acciones presupuestales, operativas y humanitarias para apoyar a las personas desplazadas, aunque reconoció que esos esfuerzos no eliminan las causas de la violencia. Por ello, pidió recursos específicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para atender esta problemática.
Días antes, la gobernadora María Eugenia Campos rechazó un exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión relacionado con esta crisis. La mandataria argumentó que el Senado no tiene facultades para llamarla a comparecer y sostuvo que corresponde al Gobierno federal garantizar condiciones de seguridad en Guadalupe y Calvo, donde la violencia también interrumpió servicios básicos como la comunicación, el suministro eléctrico y el acceso a alimentos.
