La reaparición de Rubén Rocha Moya volvió a encender el debate político en México tras varias semanas marcadas por rumores sobre su paradero y las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos. El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que permanece en Culiacán y rechazó contar con resguardo de corporaciones federales.
El funcionario utilizó su cuenta de X para desmentir las versiones difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola, quien afirmó que recibía protección del Gobierno federal. Rocha sostuvo que esa información es falsa y reiteró que las acusaciones formuladas por una oficina del Gobierno estadounidense carecen de sustento legal y fáctico.
Rubén Rocha Moya responde a las acusaciones
El político recordó que hace 69 días solicitó licencia al cargo de gobernador constitucional de Sinaloa para enfrentar cualquier investigación sin la protección del fuero. Explicó que tomó esa decisión por convicción y para permitir que las autoridades competentes actúen con plena libertad.
Además, afirmó que ha sido blanco de una campaña de calumnias y sostuvo que las imputaciones buscan afectar su imagen pública. También aseguró que el trasfondo de las acusaciones responde a intereses políticos encaminados a debilitar la soberanía nacional y al movimiento político al que pertenece.
Continúa la investigación en México
La controversia también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República para determinar si hay elementos que respalden los señalamientos provenientes de Estados Unidos. La mandataria insistió en que no habrá protección para ningún funcionario si existen pruebas suficientes.
Asimismo, Sheinbaum rechazó las versiones sobre un supuesto resguardo especial para Rocha y afirmó que permanece en su domicilio de Culiacán sin protección federal. También sostuvo que el Gobierno mexicano actuará conforme a la ley cuando existan evidencias, sin importar el cargo o el partido político de los involucrados.
Mientras el proceso continúa, las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación en la FGR, al tiempo que el caso sigue generando presión política por las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado y por el impacto que ha tenido en el debate entre México y Estados Unidos.
