Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación que lo señala por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal. La medida también alcanzó a otras siete personas imputadas dentro del mismo caso.
Al término de una audiencia que se prolongó durante casi 48 horas, un juez federal ordenó la prisión preventiva para Ernesto “N” y otros siete imputados. Además, instruyó el traslado del exmandatario, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Exgobernador enfrentará proceso bajo prisión preventiva
Por motivos de salud, el juez permitió que José María “N” y Guillermo “N” permanecieran en prisión domiciliaria. Asimismo, ordenó el ingreso de Adriana “N” al Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación. Después, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional. En consecuencia, el juez resolverá en los próximos días si vincula o no a proceso a los acusados.
La FGR señala una red millonaria de contrabando
La Fiscalía General de la República sostiene que la investigación deriva de una operación de alta complejidad relacionada con la importación, distribución y comercialización irregular de diésel y gasolina. La institución obtuvo 25 órdenes de aprehensión y las autoridades ya ejecutaron ocho, incluida la de Ernesto “N”, quien se convirtió en el primer gobernador del PAN en ganar una elección estatal.
Según la FGR, la presunta organización utilizó declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas para introducir combustible al país y evadir impuestos. La institución calcula que este esquema provocó un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario. Además, afirmó que estas operaciones fortalecen las finanzas de grupos criminales y considera esta investigación una de las más relevantes sobre huachicol fiscal en México.
