La organización de espectáculos musicales aparece nuevamente en investigaciones estadounidenses sobre presunto lavado de dinero del narcotráfico. El Departamento del Tesoro señaló a una promotora de Baja California por sus supuestos vínculos financieros con Los Mayos, facción del Cartel de Sinaloa.
La empresa In House Espectáculos, registrada como Conciertos y Espectáculos Inhouse, figura entre las compañías sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las autoridades estadounidenses relacionan sus operaciones con una red presuntamente vinculada a Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco.
Investigan presunto lavado mediante conciertos en Baja California
La promotora organizó presentaciones de artistas como Ricky Martin, Belinda, Cristian Castro, Los Ángeles Azules, Emmanuel, Mijares y Molotov en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Según la OFAC, el empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices participaba en una estructura de compañías dedicadas al entretenimiento, seguridad y bienes raíces que presuntamente facilitaba el movimiento de recursos ilícitos.
El Tesoro estadounidense también identificó a Carlos Villela Gómez Santelices y Jesús González Lomelí dentro de esa red. Este último aparece señalado como operador financiero del Cartel de Sinaloa.
Las cuentas digitales de In House Espectáculos dejaron de publicar contenido en diciembre de 2025. Su último evento promocionado fue una presentación de Marc Anthony en el Valle de Guadalupe.
Los empresarios sancionados no enfrentaban acusaciones penales al momento del reporte. Las restricciones de la OFAC impiden realizar determinadas operaciones comerciales con las personas y compañías designadas.
Antecedentes del narcotráfico en la industria musical
El caso tiene antecedentes en las operaciones atribuidas al Cartel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.
En 2018, Estados Unidos sancionó al promotor Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, por presuntamente mezclar ganancias del narcotráfico con ingresos legítimos de espectáculos, boletos y servicios complementarios.
La investigación derivó posteriormente en un proceso judicial contra Ángel del Villar, propietario de Del Records, por realizar negocios con una persona sancionada.
El cantante Gerardo Ortiz colaboró con las autoridades estadounidenses y recibió una sentencia de 36 meses de libertad condicional en 2025. Del Villar fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de dos millones de dólares, aunque permaneció libre bajo fianza mientras avanzaba su apelación.
Pérez Alvear murió asesinado en Ciudad de México en diciembre de 2024, cuando se preparaba para testificar.
La dimensión económica del sector explica parte del interés de las autoridades financieras. Según un estudio de Ocesa citado en la investigación, el entretenimiento musical en vivo generó un impacto económico de 68,990 millones de pesos en México durante 2025.
