Más de 150 familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir una audiencia con la gobernadora
Más de 150 familiares de personas desaparecidas volvieron a colocar una exigencia frente al Gobierno de Chihuahua:
quieren ser escuchados directamente por la gobernadora Maru Campos.
Familias acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) se concentraron el domingo 30 de agosto en el memorial Cruz de Clavos y después avanzaron hacia el Palacio de Gobierno, en la capital del estado.
La protesta coincidió con el Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Durante la movilización, los asistentes reclamaron que una solicitud formal de audiencia pública con la gobernadora no se concretó. Buscaban presentar propuestas de política pública y presupuesto, además de pedir cuentas sobre las labores de búsqueda e identificación forense.
De acuerdo con el Cedehm, el colectivo presentó la petición el 7 de agosto bajo la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y su reglamento.
El plazo para recibir una respuesta terminó el 20 de agosto.
Según las familias, la gobernadora no respondió de manera directa.
Un día antes del vencimiento, la Fiscalía General del Estado envió un oficio en el que reconoció la importancia de los planteamientos y expresó disposición para atenderlos.
Más tarde, la Fiscalía convocó a un encuentro institucional.
Sin embargo, el colectivo decidió no asistir porque consideró que el formato, la fecha y las condiciones no correspondían con la audiencia pública que había solicitado.
La ausencia de la gobernadora se convirtió en uno de los principales motivos de inconformidad.
El grupo acompañado por el Cedehm reúne a más de 500 familias.
Alrededor de 150 personas provenientes de distintas regiones tenían previsto participar en la audiencia solicitada para el 30 de agosto.
El objetivo era plantear propuestas sobre políticas públicas, presupuesto, búsqueda de personas e identificación forense.
Por eso, el reclamo no se limita a una reunión.
También pone sobre la mesa la manera en que las víctimas participan en la construcción de las políticas relacionadas con desapariciones.
Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Cedehm, señaló durante la protesta que las familias sí han mantenido encuentros con funcionarios como el fiscal y el secretario de Gobierno.
Aun así, sostuvo que la magnitud del problema exige atención directa de la titular del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con el colectivo, la búsqueda de ese encuentro comenzó desde los primeros años de la actual administración.
Durante la movilización, una madre que busca desde hace 11 años a su hijo, Carlos Antonio Perales Carrera, también pidió que la gobernadora reciba personalmente a las familias.
El colectivo anunció además que recurrirá a vías legales para hacer valer su solicitud de audiencia.
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La postura oficial presenta otro ángulo.
El Gobierno estatal informó que autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría General de Gobierno sostuvieron un encuentro con colectivos y familiares de personas desaparecidas.
Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía, y Óscar González Luna, subsecretario general de Gobierno, encabezaron la reunión.
También participaron fiscales de distrito y especializados, unidades de investigación de personas desaparecidas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Servicios Periciales.
Las familias movilizadas reconocen que distintas dependencias las han atendido.
Su exigencia concreta es que también exista un diálogo directo con Maru Campos.
En paralelo a la controversia por la audiencia, la gobernadora anunció el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición.
El esquema comenzará con 450 familias y contempla acompañamiento integral y apoyo económico para quienes continúan buscando a un ser querido.
El Gobierno estatal explicó que el programa busca ayudar con gastos que suelen acumularse durante los procesos de búsqueda.
Entre ellos se encuentran traslados, trámites y días en los que familiares dejan de trabajar.
La administración estatal agregó que podrá ampliar el número de beneficiarios conforme avance la implementación.
El anuncio representa una nueva herramienta institucional.
Sin embargo, no responde por completo al reclamo expresado durante la protesta.
El colectivo no solo pide recursos.
Busca participar en la discusión de las políticas públicas.
También quiere conocer avances, recibir respuestas sobre investigaciones y dialogar directamente con la gobernadora.
Ahí permanece abierto el conflicto.
Detrás de las diferencias entre autoridades y colectivos existen historias que llevan años sin respuesta.
Cada expediente representa una persona.
Cada búsqueda implica familias que recorren fiscalías, hospitales, terrenos y oficinas públicas en busca de información.
Por eso, las organizaciones sostienen que cualquier política sobre desaparición debe construirse con participación directa de las víctimas.
Por su parte, las autoridades afirman que mantienen mecanismos de atención, investigación y acompañamiento institucional.
La protesta del 30 de agosto dejó una pregunta abierta para el Gobierno de Chihuahua.
La discusión no gira únicamente alrededor del dinero destinado a las familias ni del número de reuniones que sostengan las dependencias.
También se centra en quién escucha a las víctimas y hasta dónde pueden participar en las decisiones públicas.
El Gobierno estatal ya anunció apoyos para 450 familias.
Mientras tanto, las familias movilizadas mantienen otra petición sobre la mesa:
sentarse directamente frente a la gobernadora y hablar sobre las personas que siguen sin regresar a casa.
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