Un nuevo capítulo del escándalo por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua sacude a las autoridades mexicanas. Este martes 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existen órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas del estado.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía estatal cuentan con mandamientos judiciales contra el exfuncionario.
Sin embargo, evitó precisar los delitos que sustentan la orden federal. Señaló que corresponde a las fiscalías informar sobre el avance de las investigaciones.
¿Por qué buscan al exfiscal Guillermo Zuany Portillo?
Las investigaciones apuntan a la presunta participación de Zuany Portillo en la coordinación de operaciones con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, el exfiscal habría facilitado durante varios meses la presencia de integrantes de la CIA en actividades relacionadas con el combate al narcotráfico.
El caso generó cuestionamientos sobre la autorización de estas operaciones y los mecanismos de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Además, una investigación de The New York Times señaló que el exfuncionario habría colaborado con agentes de inteligencia estadounidenses pese a sospechas previas sobre posibles vínculos con organizaciones criminales.
Estos señalamientos forman parte de la controversia pública y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial.
El operativo en Chihuahua que terminó en tragedia
El origen del escándalo se encuentra en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.
Durante el despliegue, elementos estatales y militares localizaron instalaciones utilizadas presuntamente para producir drogas sintéticas.
Sin embargo, al concluir las actividades, un vehículo del convoy sufrió un accidente en un camino de terracería.
Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.
El accidente provocó cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en operaciones de seguridad dentro de México.
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Órdenes de aprehensión y amparo judicial
La orden de aprehensión estatal contra Guillermo Zuany Portillo se emitió el 16 de octubre de 2026, dentro de la causa penal 3055/2026.
Entre los delitos que las autoridades estatales le atribuyen se encuentran:
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Presunto ejercicio ilegal del servicio público.
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Coalición de servidores públicos.
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Falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
El procedimiento también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.
No obstante, Zuany Portillo promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional que limita temporalmente la ejecución de la orden estatal.
La existencia de una orden de aprehensión no implica que se haya demostrado su responsabilidad penal.
¿Qué sabía el Gobierno de Chihuahua sobre las operaciones de la CIA?
Uno de los puntos más controvertidos es determinar quién autorizó la participación de agentes estadounidenses en los operativos.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha rechazado tener conocimiento de determinadas actividades atribuidas a la CIA.
Por su parte, Zuany Portillo ha sostenido, mediante declaraciones recogidas por la prensa estadounidense, que la mandataria conocía la presencia de agentes extranjeros.
Las versiones contrapuestas han incrementado la presión para esclarecer las responsabilidades institucionales.
Las investigaciones también buscan establecer si existieron irregularidades en la coordinación entre funcionarios estatales y representantes estadounidenses.
Un caso que pone bajo la lupa la seguridad nacional
La controversia trasciende las investigaciones contra un exfuncionario.
La participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad mexicanas plantea interrogantes sobre la soberanía nacional, los límites de la cooperación bilateral y los mecanismos de supervisión institucional.
Por ahora, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del operativo, determinar las posibles responsabilidades y establecer si existieron conductas contrarias a la legislación mexicana.
El caso mantiene a Chihuahua en el centro de una investigación con implicaciones estatales, federales e internacionales.
