La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre, reactivó un caso judicial que comenzó hace varios años en México. Las autoridades buscan a la exconductora por presunta defraudación fiscal, aunque también enfrenta investigaciones relacionadas con contratos públicos millonarios y posibles operaciones de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que autoridades estadounidenses la detuvieron mediante un intercambio de información entre ambos países. La orden de aprehensión corresponde al delito de defraudación fiscal equiparada, pero su historial judicial incluye acusaciones más amplias.
¿Por qué buscan en México a Inés Gómez Mont?
Uno de los antecedentes principales surgió en noviembre de 2019, cuando la FGR comenzó a investigar una presunta red integrada por la exconductora, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, otras personas y siete empresas.
En enero de 2022, la Fiscalía informó que las indagatorias involucraban dos contratos relacionados con centros penitenciarios federales, cuyo valor conjunto ascendía a 2,950 millones de pesos.
Según la dependencia, los involucrados habrían utilizado comprobantes fiscales para simular servicios y operaciones comerciales. El presunto mecanismo permitía transferir dinero entre empresas y aparentar que los recursos tenían un origen legítimo.
La FGR atribuyó a la pareja un papel central dentro de esa estructura. También identificó la participación de representantes empresariales, operadores bancarios y servidores públicos.
Una de las compañías investigadas habría recibido más de 2,500 millones de pesos. Sin embargo, los 2,950 millones corresponden al valor de los contratos investigados, no a dinero que las autoridades hayan demostrado que recibió personalmente la exconductora.
La acusación fiscal que motivó su detención en Miami
Aunque las investigaciones incluyen presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR identificó la defraudación fiscal equiparada como el motivo de su detención.
Un expediente fiscal anterior derivó en una orden de aprehensión de 2022 por un presunto adeudo de 6.6 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2015.
No obstante, la Fiscalía no aclaró si la orden ejecutada en Estados Unidos corresponde exactamente a ese expediente.
El caso también registró decisiones judiciales favorables para la pareja. En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera restableció sus servicios financieros por orden judicial, aunque aclaró que las órdenes de aprehensión seguían vigentes.
En septiembre de 2026, Interpol retiró las fichas rojas contra ambos. México buscó revertir esa decisión, mientras las órdenes judiciales nacionales continuaron activas.
Tras la captura de Inés Gómez Mont, las autoridades todavía no han informado si iniciarán un procedimiento de extradición ni cuándo podría ser trasladada a México.
Las acusaciones fiscales y las investigaciones por contratos públicos son procedimientos distintos. Hasta ahora, la detención no representa una sentencia condenatoria ni acredita su responsabilidad penal.
