La crisis política que rodea a Maru Campos sumó un nuevo capítulo luego de que Morena anunciara en Chihuahua que buscará impulsar un juicio político contra la gobernadora por el caso de los agentes estadounidenses involucrados en operativos dentro del estado.
La ofensiva fue encabezada por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien viajó a la capital para respaldar públicamente las acciones contra la mandataria panista y convocar a una movilización estatal para exigir que sea investigada.
Juicio político escala crisis en Chihuahua
El anuncio ocurre en uno de los momentos más delicados para el gobierno estatal. Desde el accidente en la Sierra Tarahumara y la posterior revelación de la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, la administración de Maru Campos no ha logrado contener el desgaste político.
Morena sostiene que la gobernadora permitió operaciones de agentes extranjeros sin transparencia ni claridad legal. Además, considera insuficientes las medidas tomadas hasta ahora, incluida la salida de César Jáuregui de la Fiscalía estatal.
Ariadna Montiel recordó que desde abril diputados locales y senadores morenistas exigieron explicaciones sobre el operativo en la Sierra del Pinal y la presencia de personal estadounidense en tareas relacionadas con seguridad.
Sin embargo, la gobernadora evitó comparecer ante el Congreso local y tampoco acudió al Senado para responder cuestionamientos sobre el tema.
Morena busca llevar la presión a las calles
Además del juicio político, Morena anunció una movilización el próximo 16 de mayo en la Glorieta de Pancho Villa bajo la consigna de defender la soberanía nacional y la seguridad de Chihuahua.
Durante el anuncio estuvieron presentes Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, dos de las principales figuras morenistas rumbo a la elección estatal de 2027. El mensaje fue claro: el partido quiere convertir el caso en uno de los mayores costos políticos para el PAN en Chihuahua.
La tensión también crece porque el tema ya dejó de ser únicamente estatal. El debate sobre la actuación de agentes extranjeros abrió cuestionamientos nacionales sobre soberanía, seguridad y posibles violaciones legales.
Mientras tanto, el gobierno estatal sigue sin recuperar el control de la narrativa pública. Cada nuevo señalamiento alimenta la percepción de una administración debilitada y bajo presión constante.
En el estado, el caso ya se convirtió en mucho más que un accidente o un operativo fallido. Ahora representa una disputa política que podría marcar el rumbo del estado rumbo a 2027.
