La detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, colocó a la gobernadora Maru Campos en el centro de una controversia que va más allá del ámbito judicial. Ahora, las preguntas giran en torno a quién conocía los detalles del operativo en el que participaron agentes estadounidenses y quién debe asumir las consecuencias políticas.
Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026 por una investigación relacionada con el presunto ejercicio ilegal del servicio público y la coalición, debido a la participación de personal estadounidense en actividades de investigación en el estado. Posteriormente, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión federal en su contra por el presunto delito de traición a la patria. Las acusaciones deberán acreditarse ante las autoridades judiciales.
La defensa acusa a Maru Campos de abandonarlo
La controversia creció después de que Luis Villegas, abogado de Jáuregui, acusara públicamente a la gobernadora de haberlo entregado para proteger sus propios intereses políticos. De acuerdo con las declaraciones recogidas por EL PAÍS, la defensa sostiene que el exfiscal había sido uno de los principales aliados de Campos y que su detención ocurre en medio de las disputas internas del PAN rumbo a las elecciones de 2027.
El trasfondo político también incluye las aspiraciones de Jáuregui para competir por la alcaldía de Chihuahua. Su defensa sostiene que el exfiscal había ganado terreno en esa contienda interna y que su relación con la gobernadora se había deteriorado.
Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la postura de su abogado y no constituyen una prueba de que Maru Campos haya intervenido para provocar su detención.
El caso que sacudió al gobierno estatal
La investigación se remonta al operativo realizado en abril de 2026 para desmantelar un presunto laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara. El caso adquirió dimensión nacional después de conocerse la participación de agentes estadounidenses y la muerte de dos de ellos en un accidente carretero relacionado con los hechos.
La presencia de personal extranjero en actividades operativas abrió un conflicto sobre los límites de la colaboración bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.
Jáuregui renunció a la Fiscalía estatal el 27 de abril. Meses después, la investigación derivó en su detención y en los procedimientos judiciales que enfrenta actualmente.
Por su parte, Maru Campos ha defendido la aplicación de la ley y aseguró que nadie que haya formado parte de su gobierno está por encima de ella. La gobernadora también ha ofrecido colaboración con las autoridades.
Chihuahua espera respuestas
El caso deja preguntas que todavía deben resolverse: qué funcionarios conocían la participación de los agentes estadounidenses, quién autorizó las acciones y hasta dónde llega la responsabilidad de cada integrante del gobierno estatal.
También permanece abierta la disputa política sobre la ruptura entre Campos y uno de sus colaboradores más cercanos.
Por ahora, la acusación de que la gobernadora entregó a su exfiscal para apartarlo de la contienda política sigue siendo una afirmación de la defensa. La investigación judicial deberá establecer las responsabilidades legales, mientras el debate público continúa sobre la actuación de las autoridades y la transparencia con la que se manejó el operativo.
En Chihuahua, la detención de Jáuregui no solo puso bajo escrutinio a un exfuncionario: también abrió una discusión sobre la responsabilidad política de quienes encabezaban el gobierno cuando ocurrieron los hechos.
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